> Manifestantes protestan contra el fiscal general Pedro Chávarry en la Plaza San MartÃn en Lima, Perú, el martes 1 de enero de 2019. (AP Foto/MartÃn MejÃa)
– El presidente MartÃn Vizcarra anunció que presentará un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, después que el controvertido fiscal general Pedro Chávarry destituyó en la vÃspera a dos fiscales del equipo especial que investiga a la élite polÃtica implicada en el caso Odebrecht.
Por su parte, los fiscales removidos anunciaron que impugnarán sus separaciones ante una alta junta de fiscales.
Vizcarra dijo tras un consejo de ministros en el palacio presidencial que, en el uso de sus atribuciones constitucionales, irá el miércoles al Parlamento, donde presentará personalmente el proyecto de ley âcomo claro gesto que mi gobierno asigna a la lucha anticorrupciónâ. Añadió que el fiscal general âsolo logra dañar los intereses del Perú causando la indignación de la ciudadanÃa… queremos sanciones ejemplares para quienes le hayan jugado mal al paÃsâ.
El presidente le pidió al Congreso que trate con urgencia su iniciativa âpara no tener que llegar hasta una cuestión de confianzaâ. Una negativa podrÃa provocar un posible cierre del parlamento dominado por el partido opositor de la lideresa Keiko Fujimori y apoyado por el partido del expresidente Alan GarcÃa, ambos investigados por el caso Odebrecht.
Vizcarra no mostró detalles de su proyecto, pero de acuerdo a expertos, una emergencia del Ministerio Público implicarÃa al final la destitución del fiscal general.
Los fiscales destituidos por Chávarry: el coordinador del equipo Rafael Vela y el fiscal provincial José Domingo Pérez, dijeron en una conferencia de prensa nocturna que el miércoles impugnarán la remoción ante una junta de cinco fiscales supremos, la más alta reunión del Ministerio Público. âPretendemos que se reexamine y se proceda de forma inmediata a anular todos los efectos y consecuencias de esa decisión ilegalâ, dijo Vela.
No se sabe cuánto tiempo demorará ese trámite, pero Vela y Pérez indicaron que no entregarán sus investigaciones hasta que se conozca la decisión de los fiscales supremos. En las afueras del local del Ministerio de Justicia donde se producÃa la conferencia de los destituidos, casi medio millar de manifestantes llevaban una extensa bandera peruana mientras gritaban âfuera Chávarryâ. Cinco hombres que llegaron para apoyar al fiscal general recibieron chorros de agua y abucheos.
Chávarry âcuyo nombramiento incluso está en duda por presuntamente no haber alcanzado el puntaje mÃnimo para el cargoâ es respaldado en el Parlamento por los partidos de Fujimori y GarcÃa. Acumula tres denuncias constitucionales en el Congreso que podrÃan iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori _mayoritario en el Legislativo_ ha postergado los debates.
Todas las denuncias contra Chávarry están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra importante fiscal del principal puerto de Perú, quien lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios que torcÃan la justicia a cambio de recibir favores o dinero. A fines de agosto, una legisladora del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es âun asunto de supervivenciaâ.
Vizcarra retornó el martes de urgencia desde Brasil, adonde habÃa viajado para la investidura del mandatario Jair Bolsonaro.
Cuatro horas antes del Año Nuevo, Chávarry dijo en conferencia de prensa que retiró a los fiscales Vela y Pérez porque este último cuestionó su elección como fiscal general y porque Vela avaló esa conducta.
Pérez denunció en diciembre a Chávarry por posible encubrimiento debido a las trabas a sus indagaciones sobre los nexos de Fujimori y GarcÃa con Odebrecht. Fujimori está detenida por 36 meses, mientras que GarcÃa (2006-2011) tiene prohibido salir del paÃs por 18 meses. También investiga a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Kuczynski (2016-2018). Odebrecht ha admitido ante las autoridades estadounidenses que pagó 29 millones de dólares en coimas en Perú.
A inicios de diciembre, Vela y Pérez lograron un acuerdo con Odebrecht en el que la empresa se comprometÃa a entregar sin condiciones documentos y datos de sus sistemas encriptados sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú; permitir que sus exgerentes declaren como colaboradores eficaces ante los fiscales; y pagar 181 millones de dólares como reparación civil. Según los fiscales destituidos, las pruebas son cruciales para posibles sentencias contra Fujimori y GarcÃa.
El acuerdo con Odebrecht es mantenido en reserva porque asà lo establece la ley de colaboradores eficaces, pero Chávarry ha dicho que lo hará público. Con esto, según expertos, Chávarry busca romper el acuerdo y detener las investigaciones.
Las diferencias entre los fiscales destituidos y el fiscal general también se acentuaron cuando Chávarry impuso una decena de investigaciones internas a Pérez y dificultó el trabajo del equipo al no otorgarles una oficina.
La destitución de los fiscales del caso Odebrecht provocó preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la organización Transparencia Internacional. El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo que por el âimpacto y relevancia, la decisión de la FiscalÃa General de Perú debe ofrecer una justificación públicaâ. Transparencia Internacional añadió que la decisión de Chávarry âes un enorme paso atrás en la lucha contra la impunidad en Perúâ e instó a âreconsiderarâ su decisión.
La decisión de Chávarry desató protestas inusuales en las calles entre cientos de peruanos pocas horas después del Año Nuevo en al menos cinco ciudades del paÃs, donde los gritos que pedÃan la salida de Chávarry se mezclaban en algunos casos con los sonidos de la pirotecnia.
> Los periodistas AP Mauricio Muñoz y MartÃn MejÃa colaboraron con este despacho.