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    06:56 pm   27/09/2020,  San Leandro, Ca

    La violencia misógina que no cesa: FEMINICIDIOS en Latinoamérica


    Mientras los recientes casos indignan a la opinión pública, situaciones como la impunidad, el subregistro de esta problemática y su cubrimiento en los medios no permiten dimensionar el impacto real de la violencia de género en América Latina.

    Un camión repleto de graffitis se derrite en medio de las llamas en el centro de Ciudad de México. El automotor fue uno de los cuatro vehículos repartidores del periódico popular La Prensa que quemaron los movimientos feministas mexicanos el pasado viernes 14 de febrero como parte de las protestas convocadas en contra del feminicidio de Ingrid Escamilla, quien habría sido asesinada y descuartizada por su pareja, Erick Francisco Robledo, de 46 años.

    Al día siguiente del crimen, La Prensa y el tabloide Pásala, dos conocidos medios de ‘nota roja’ (prensa criminal) difundieron fotos del feminicidio, algo que tuvo que ver con una posible filtración por parte de las autoridades mexicanas. La indignación en el país se hizo sentir debido a la manera en la que se cubrió el feminicidio, que en estos tabloides se presentó con titulares como: ‘Descarnada’ y ‘La culpa la tuvo Cupido’. El cubrimiento revictimizante de estos medios, junto con el manejo deficiente de la información del caso por parte de los organismos oficiales provocó el enojo generalizado en el país, liderado por los movimientos feministas, sobre todo en Ciudad de México.

    Parte de ella se debió al “tratamiento mediático que se dio al caso: se publicaron imágenes bastante violentas, morbosas, de una crueldad muy grande del cuerpo de Ingrid, lo que no solo lleva a cuestionar a los periódicos que lo hicieron, sino a las autoridades que se las facilitaron”, destacó Lucía Lagunes, directora de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), especializada en temas de género, a BBC Mundo.

    Días después del feminicidio de Ingrid, la ira volvió a estallar en México con el caso de Fátima, la menor de siete años que fue encontrada el pasado 15 de febrero con visibles signos de maltrato al sureste del Distrito Federal. Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera son los presuntos sospechosos del caso, que tiene en el ojo del huracán a las autoridades, por su negligencia al recibir la denuncia del caso recién desapareció la menor y al mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, quien está siendo juzgado por la ausencia de políticas gubernamentales para combatir el feminicidio.

    Precisamente, en días pasados, los diputados del Partido Verde y de Morena presentaron una reforma constitucional para aplicar la pena de muerte a quienes ejercieran violencia de género, a lo que AMLO respondió: ‘yo no creo en la pena de muerte’.

    El panorama en el país azteca es tan solo una muestra de la violencia de género que se presenta en América Latina: tan solo en México, en 2019, se registraron 1006 casos de feminicidio, y en el mismo año, Perú alcanzó la cifra más alta de la última década con 168. Por su parte, en Colombia, el pasado diciembre se registraron 51 casos, siendo Antioquia el departamento de mayor repercusión con 11 hechos. A este panorama se suma el dato que reveló Silvia Ferreyra, Coordinadora nacional del movimiento feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) en Argentina: se detectaron 3013 casos entre 2010 y 2019.

    En la región, los países con mayores índices de feminicidios son El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala y República Dominicana, según datos de la La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

    Las tasas elevadas de feminicidio en la región se complejizan debido a variables como la impunidad de los agresores, el subregistro de casos, que se refiere a la cifra inexacta de los casos de violencia de género que existen en América Latina, ya sea por miedo a denunciar y/o la desinformación por parte de las autoridades, así como la tipificación del concepto de este.

    Un delito tipificado en la mayoría de países latinoamericanos como la muerte violenta de las mujeres por su género, y como la manera más extrema de violencia contra la mujer. En otros países este crimen solo tiene validez si las personas involucradas tenían relación alguna, como ocurre en Chile y Nicaragua.

    Gina Pineda Garzón, directora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander en Colombia, destacó que una de las grandes falencias en cuanto al registro de los casos es la ignorancia de las autoridades: “No se investigan las posibles razones de género en los asesinatos y por lo general se tipifican de manera errada como un homicidio sin hacer el trabajo investigativo. Se oculta el delito”.

    Por ejemplo, a principios de febrero de este año en ese departamento, dos estudiantes fueron asesinadas con arma blanca por Argemiro Alberto Urrego, pareja de una de las víctimas. Las autoridades lo catalogaron como doble feminicidio agravado, pero inicialmente se contempló la posibilidad de imputar cargos por homicidio. Incluso varios medios locales relataron el hecho como un crimen.


    La violencia de género y su expresión más cruenta persiste en varias zonas de Latinoamérica. En los casos de Cuba y Perú, por ejemplo, las deficiencias se encuentran en el silencio de las autoridades y los medios ante los feminicidios así como la negligencia por parte de los Gobiernos para proteger poblaciones vulnerables dentro de la población de mujeres, como las mujeres trans, respectivamente

    Las estadísticas en la región y el aumento exponencial de los feminicidios en algunos países durante los últimos años han llevado a buscar alternativas para la protección de los derechos de la mujer. Spotlight, por ejemplo, es un programa desarrollado en conjunto por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas que se implementó en septiembre de 2018. Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, fueron los países en los que se inició el plan de contingencia para frenar la violencia feminicida.

    Amina Mohammed, vice secretaria general de las Naciones Unidas, afirmó: “Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas para el año 2030”.

    Este tipo de proyectos implementados por organizaciones internacionales hablan de una evidente inacción de los gobiernos latinoamericanos por hacer frente a la problemática. El caso de Alejandro Gertz, Fiscal General de México, es el claro ejemplo de desinterés que existe ante la problemática, tras proponer destipificar el feminicidio y dejarlo en la misma categoría de homicidio. A esto se suma la legislación en Honduras que no tiene catalogado el feminicidio en el Código Penal, sino lo asocia el ‘parricidio’ o en Bolivia, que sigue siendo el país de Sudamérica con mayor índice de feminicidios: 2,3 mujeres fallecidas por cada 1.000.


    Esta ineficacia en las instituciones estatales, sumada a una violencia de género que parece incrustada en la cultura latinoamericana, y que necesita acción urgente desde el frente educativo, hace que la problemática de feminicidios tenga la necesidad de estar en los primeros lugares de las agendas de gobierno de la región. Las mujeres están saliendo a las calles de sus ciudades a exigir que no las sigan matando, es hora de que quienes están en el poder escuchen atentamente y actúen.


    Fuente: connectas.org


    Foto de Portada: Protestas de las mujeres en México. Crédito: @prensacimac. Twitter


     

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